Escrito por:
Jorge Huaman
jhuaman@rvmlegal.com
Entre las múltiples dificultades de nuestro sistema jurídico, está la dispersión de los criterios obligatorios estatuidos por entidades jurisdiccionales y administrativas. En efecto, para localizar los precedentes se debe recorrer por distintos portales, revisar publicaciones aisladas o repositorios incompletos. Una realidad poco compatible con la seguridad jurídica que exige un Estado constitucional de derecho.
La idea es buena, pero el asunto es más complejo que el simple dictado de una ley, ya que debe superar al menos tres tópicos:
Primer problema: aún hoy es difícil conocer qué califica como precedente ¿Son criterios generales dictados por las entidades, con abstracción del caso concreto? ¿O necesariamente son criterios que se abstraen de la decisión de casos concretos? ¿Necesitan de una declaración de precedente, o basta con que sean criterios repetitivos? La ley no lo dice, sólo indica que serán precedentes lo que las normas o procedimiento de cada sector así lo indique.
Segundo problema: la mayoría de los entes administrativos carecen de facultades para dictar precedentes, pero recurren a interpretaciones arriesgadas y extrañas para asumir que sí cuentan con esas potestades y poder dictar nuevas normas a las que llaman “precedentes”, sin cumplir con los filtros que exigiría el dictado de una norma reglamentaria. ¿Quién fiscalizará que lo que se presente es efectivamente un precedente según la ley? ¿El MINJUS podrá negar la recepción y registro de los “precedentes” que reciba?
Tercer problema: ¿qué consecuencias existen si no se envían precedentes al registro? ¿se aplicará alguna sanción a la entidad? ¿tendrán incentivos para hacerlo? ¿un precedente dejará de tener esa condición o perderá eficacia por su falta de registro?
Esperemos que el futuro reglamento aborde estas y otras interrogantes, pues, de lo contrario, será difícil alcanzar la utilidad esperada.