La ejecución provisional de la sentencia en el Perú

Resumen: La reciente regulación peruana busca cambiar el régimen de ejecución provisional de sentencias. Sin embargo, su incomprensión como técnica anticipatoria genera problemas y contradicciones en su regulación. En algunos casos, el legislador obliga a que se mantenga la ejecución provisional a pesar de la revocación de la sentencia, y en otros casos, obliga a levantarla siempre que se revoque la sentencia, incluso cuando eso se debe a motivos que no afectan la fuerte probabilidad del derecho. Solo su comprensión como técnica anticipatoria permitirá una lectura coherente del instituto.

I. INTRODUCCIÓN
El 12 de mayo de 2021, se publicó la STC 4404-2018-HC (caso Guevara Vargas) en donde el Tribunal Constitucional (“TC”) abandonó los criterios que había establecido en su STC 0607-2009 AA (caso John Lojas) que tenían más de diez años de vigencia. Allí se establecen nuevos criterios aplicables a la ejecución provisional de las sentencias no firmes, lo que es denominado en nuestra legislación como actuación inmediata de sentencias impugnadas

En el caso John Lojas se establecía que el justiciable podía mantener la ejecución provisional de la sentencia de primer grado favorable, a pesar de su revocación, siempre que se mantuvieran los sus presupuestos para su dictado (ya veremos cómo es posible que eso ocurra a pesar de la revocación de la sentencia apelada). En cambio, el nuevo caso Guevara Vargas abandona ese criterio y establece que, en todos los casos, la revocación de la sentencia de primer grado genera que se cancele la ejecución provisional que se venía actuando.

Poco después, el legislador ha aprobado varios cambios a buena parte del Código Procesal Constitucional (“CPConst”) que si bien está pendiente de ser aprobado por el Poder Ejecutivo, parece inevitable que tendremos un nuevo régimen en esta materia. Entre otras cosas, se establece un nuevo régimen de ejecución provisional en el art. 26 CPConst (antes era el art. 22) que, a la sazón, es totalmente contrario a los recientes criterios del caso Guevara Vargas, y distintos a los del caso John Lojas.

El reciente cambio normativo aumenta el sabor a confusión que impera sobre la ejecución provisional. Y es que este instituto debe ser encuadrado como un tipo de técnica anticipatoria, una manifestación de la tutela satisfactiva. Esto permitirá diferenciarlo de las cautelares y de la ejecución de sentencias finales que parecen tener rasgos similares, pero que son distintos.

Analizaremos la nueva regulación del CPConst, la jurisprudencia del TC y el Código Procesal Civil (“CPC”) que, además de los casos civiles, es de aplicación supletoria a los procesos constitucionales (art. IX y art. 19, CPConst) y a los procesos laborales (Primera Disposición Complementaria de la Ley Procesal del Trabajo).