Justicia procesal y material en las notificaciones arbitrales
Escrito por:
Raffo Velásquez
rvelasquez@rvmlegal.com
Escrito por:
Paulo Castañeda
pcastaneda@rvmlegal.com
Resumen: Este trabajo examina el principio general de libertad de pacto de las partes, específicamente en el caso de las reglas de notificaciones y plazos en el arbitraje. Los autores analizan que dicha libertad no es absoluta, pues, como toda figura, se encuentra limitada por el orden constitucional. En este caso, el acuerdo sobre las reglas de notificaciones y plazos arbitrales deben respetar las garantías del debido proceso, el cual es un derecho fundamental. En ese sentido, las partes deben asegurarse de que las reglas pactadas sean válidas y razonables en el marco legal y constitucional y, por otro lado, los tribunales arbitrales deben actuar con diligencia en las notificaciones de las partes.
I. NTRODUCCIÓN
El artículo 139, inciso 1, de la Constitución Política del Perú (1993), califica al arbitraje como “jurisdicción” porque es un mecanismo para administrar justicia. Para dotar de la mayor eficacia posible esa decisión reconocida por el constituyente, el legislador la reviste de la cualidad de cosa juzgada, lo que la hace difícilmente revisable. Trágicamente, se olvida que esas fueron las razones por las cuales el arbitraje es calificado como jurisdicción. Y es que el razonamiento de la jurisprudencia es muy básico: el arbitraje es jurisdicción; ergo, se le trasladan todas las garantías judiciales del debido proceso (menos pluralidad de instancias y juez predeterminado por ley) (Sentencia 00042-2011-PA/TC).
No negamos la trascendencia de algunas de esas garantías en el campo arbitral, pero incluirlas debe responder más a las peculiaridades del arbitraje que a un mero traslado de asuntos judiciales al campo arbitral. Precisamente, en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, se habilita a las partes a modificar los mecanismos de notificación y los plazos que se prevén de forma supletoria.
¿Hasta dónde pueden llegar esos pactos sobre las notificaciones y los plazos? ¿Qué asuntos pueden ser prescindibles o no? Aunque no sea evidente, en esas actuaciones y tiempos, subyace la protección más básica de las reglas materiales y procesales. Como ha señalado reiteradamente el máximo intérprete de la Constitución, “no existen islas exentas del control constitucional” Sentencia 02020-2020-PHC/TC).
Por ello, en estas líneas, buscaremos desentrañar los alcances y las limitaciones aplicables al artículo 12 del Decreto Legislativo 1071, así como su relación con acuerdos justos y con el debido proceso, como contenido constitucionalmente protegido en dicho cuerpo normativo.